El  proyecto CASP 2020, fue una iniciativa de cooperación entre autoridades de vigilancia de mercado de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo, coordinada por la Dirección General de Justicia y Consumidores (DG JUST) que se realizó en el año 2020. El objetivo central fue evaluar la seguridad de las sillas de auto para niños tipo 0+/1, enfocándose en aquellas aprobadas bajo el Reglamento R44/04 de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (UNECE). Los hallazgos revelan deficiencias críticas en varios productos comercializados, lo cual plantea interrogantes sobre la efectividad del sistema de aprobación tipo y sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de control y vigilancia del mercado europeo.

La seguridad infantil en el transporte automovilístico ha sido uno de los pilares de la política de seguridad vial en la Unión Europea. El uso obligatorio de sistemas de retención infantil ha contribuido significativamente a la reducción de la mortalidad infantil en accidentes de tráfico. No obstante, estudios recientes, como los desarrollados en el marco del CASP 2020, evidencian que la presencia en el mercado de productos aprobados no garantiza necesariamente su total fiabilidad bajo condiciones reales de uso.

El proyecto CASP 2020 se propuso analizar el cumplimiento de las sillas de auto infantiles con las exigencias del Reglamento R44/04, aún vigente en 2020 en el  mercado pese al proceso de sustitución por el Reglamento ECE R129. La selección de productos se concentró en sillas tipo 0+/1, diseñadas para niños desde el nacimiento hasta los 18 kg (aproximadamente cuatro años de edad). La elección de este grupo respondió tanto a su amplia difusión en el mercado como a la necesidad de garantizar la comparabilidad de los resultados de las pruebas.

Las autoridades participantes recolectaron una muestra total de siete modelos adquiridos exclusivamente en tiendas físicas. Estos fueron sometidos a ensayos estandarizados en un laboratorio europeo acreditado. Las pruebas incluyeron ensayos dinámicos, verificación de instrucciones y marcados, evaluación de resistencia de materiales, y simulación de condiciones reales de uso.

Los resultados fueron preocupantes. Tres de los siete modelos no superaron las pruebas dinámicas, lo que implica que no ofrecen una protección adecuada en caso de impacto. Uno de ellos presentó también deficiencias graves en los marcados y en la claridad de las instrucciones, factores que pueden inducir a errores de instalación y reducir considerablemente la seguridad del dispositivo. Uno de los modelos fue calificado como de riesgo grave tras la evaluación de riesgos conforme a las directrices RAPEX, aunque en el momento de publicación del informe aún no se habían concretado las notificaciones correspondientes en el sistema de alerta.

La conclusión más relevante del estudio es que, pese a la existencia de un sistema de homologación previa (Type Approval), la vigilancia en el mercado detectó fallos significativos en productos que ya contaban con autorización para su comercialización. Esto pone de manifiesto limitaciones en la aplicación del sistema de homologación, especialmente en lo que respecta al control posterior a la comercialización y a la trazabilidad de productos que pueden compartirse entre múltiples marcas bajo un mismo número de aprobación.

En vista de estas conclusiones, se formularon diversas recomendaciones. Para los consumidores, se sugiere optar por sillas que cumplan con el Reglamento R129, prestar atención detallada a las instrucciones de uso y mantener el uso de sillas en sentido contrario a la marcha el mayor tiempo posible. Para los operadores económicos, se subraya la necesidad de mejorar la claridad de las instrucciones y adaptarlas a los idiomas de los países de comercialización, además de prepararse activamente para la transición normativa. En cuanto a las autoridades, se recomienda mantener bajo vigilancia continua el sector de las sillas infantiles, ajustar los mecanismos del sistema RAPEX para permitir una mejor identificación de productos con riesgos compartidos, y fomentar la creación de bases de datos públicas para facilitar decisiones informadas por parte de los consumidores.

La evaluación realizada en el marco del CASP 2020 revela que, incluso en sectores regulados y sujetos a homologación obligatoria, existen riesgos relevantes para la seguridad de los consumidores. La transición hacia normativas más exigentes, como el Reglamento R129, representa una oportunidad para reforzar la protección infantil en el transporte.

Sin embargo, es esencial complementar la regulación con una vigilancia de mercado proactiva, mecanismos eficaces de comunicación de riesgos y una colaboración estrecha entre autoridades, fabricantes y consumidores. Solo así podrá garantizarse un entorno más seguro para los usuarios más vulnerables del sistema vial europeo.